WASHINGTON, DC — Cada noche, Abdullah Ibrahim se retira de las calles hacia un área boscosa junto al río Potomac.
Cuando cae la noche y bajan las temperaturas, arma una tienda de campaña y enciende una fogata bajo un grupo de pinos, abetos y cedros.
Evita a las autoridades rotando el uso de tres tiendas de distintos colores en tres campamentos diferentes. Al amanecer, desmonta su refugio, enrolla sus pertenencias y las esconde para la noche siguiente. “No te ven si estás en el bosque”, dijo este hombre de 32 años. “Pero asegúrate de tener todo desmontado por la mañana o te van a encontrar”.
Durante el día, deambula, haciendo paradas en una biblioteca pública para calentarse o en un comedor comunitario para comer. Lo importante es no llamar la atención por no tener hogar.
“La policía quiere que no estorbemos”, dijo, vestido con una chaqueta gris y sin cargar ninguna de sus pertenencias. “Fuera de la vista, fuera de sus mentes”.
Ibrahim ha buscado intencionalmente pasar desapercibido desde agosto, cuando el presidente Donald Trump puso a la policía del distrito bajo control federal y ordenó que soldados de la Guardia Nacional patrullaran las calles. También ordenó el desalojo inmediato de las personas sin hogar. “No habrá ningún señor amable”, posteó.
La administración Trump argumenta que los operativos para desmantelar campamentos han reducido la visibilidad del problema de personas sin hogar, mejorando así la ciudad. “Es innegable que Washington, D.C., es una ciudad más segura, limpia y hermosa gracias a las acciones históricas del presidente Trump para restaurar la capital del país”, dijo la vocera de la Casa Blanca, Taylor Rogers.
Aunque puede parecer que hay menos personas sin hogar en la capital del país, no han desaparecido.
En entrevistas, personas sin hogar dijeron que cambian de lugar constantemente, escondiéndose a plena vista.
Durante el día, se mantienen en movimiento, comen en comedores comunitarios y descansan de vez en cuando en bibliotecas públicas, bancos de parques o paradas de autobús. Por la noche, muchos duermen en entradas de negocios, aceras de parques y escalinatas de iglesias. Algunos pasan la noche en el autobús, otras se refugian en salas de emergencia, y algunas buscan cobijo en áreas boscosas o se van a suburbios en Virginia o Maryland.
Hay aproximadamente 5.100 personas sin hogar en Washington, D.C., incluyendo aquellas en albergues temporales, según un conteo realizado a inicios de 2025. Después de que Trump ordenara la ofensiva contra la falta de vivienda en espacios públicos, las personas que vivían en comunidades improvisadas se dispersaron y ahora viven en las sombras. En agosto, funcionarios de la ciudad estimaron que cerca de 700 personas vivían al aire libre sin tiendas ni ningún tipo de refugio.
Con la llegada del invierno, estas personas están expuestas al clima extremo y se enferman más, ya que afecciones crónicas como la diabetes o enfermedades cardíacas no se tratan. Proveedores de atención médica en la calle afirman que, desde el despliegue de la Guardia Nacional, ha sido sumamente difícil localizar a sus pacientes.
Muchos afectados por los operativos han perdido medicamentos esenciales y son más propensos a faltar a citas médicas porque viven en constante desplazamiento.
Los equipos médicos no logran entregar medicamentos ni transportar a pacientes a sus consultas. Este caos permanente también puede hundir aún más a quienes padecen enfermedades mentales o adicciones, aumentando el riesgo de sobredosis.
Trabajadores sociales reportan las mismas dificultades: cuando pierden el rastro de sus clientes, se rompe la conexión esencial para conseguir documentos clave como identificaciones oficiales o tarjetas del Seguro Social.
Funcionarios del distrito y proveedores de salud advierten que esta cadena de efectos puede empeorar la situación de las personas sin hogar, poner en riesgo la salud pública y la seguridad, y generar costos enormes para el sistema de salud.
“Ya era difícil encontrar a las personas, pero la presencia federal lo empeoró”, dijo la doctora Tobie Smith, médica de atención en la calle y directora ejecutiva de Street Health D.C.
El ir y venir de los sin techo
Chris Jones nació y creció en Washington, D.C., pero ahora vive en la calle, luego de ser desplazado de su tienda de campaña cerca de la Casa Blanca en los primeros días de la ofensiva federal.
Dijo que durante los operativos le confiscaron dos tiendas. Ahora duerme en una acera frente a una iglesia y ya no intenta conseguir otra. “¿Para qué? ¿Cuál es el punto? Igual la van a tirar a la basura”.
Jones, de 57 años, tiene una lesión grave en la rodilla que a veces le impide caminar y tiene programada una cirugía de reemplazo de rodilla en diciembre. Dice que necesita quedarse en esa zona porque depende de una farmacia cercana para surtir sus medicamentos para el trastorno bipolar, la diabetes y la presión alta. Cuando tiene hambre, va al comedor comunitario o trata de conseguir una hamburguesa con refresco en un local de comida rápida enfrente de donde está.
También se mantiene en ese lugar para que su trabajadora social lo pueda encontrar si se libera una plaza de vivienda permanente. Si hace demasiado frío, cruza la calle y duerme en la entrada de un negocio, que le da un poco más de protección. Quiere estar bajo techo, pero por ahora espera.
Desde que tomó el control de la policía del distrito, la administración Trump ha incrementado la presión sobre ciudades y condados en todo el país para desmantelar campamentos de personas sin hogar, bajo amenaza de arresto, citaciones o detenciones. Ha ordenado o amenazado con desplegar la Guardia Nacional en ciudades con grandes poblaciones sin hogar como Los Ángeles y Portland, Oregon.
Rogers, la vocera de la Casa Blanca, dijo que el presidente mantiene la presencia de la Guardia Nacional y fuerzas federales del orden en la capital para “garantizar el éxito a largo plazo de la operación federal”.
Desde marzo, funcionarios federales y del distrito han eliminado más de 130 campamentos, según dijo. Sin embargo, algunos expertos en temas de personas sin hogar creen que esa cifra está inflada.
La Corte Suprema facilitó el año pasado que funcionarios y agentes del orden impusieran multas o arrestaran a personas sin hogar por vivir en la calle. Luego, en julio de este año, el presidente emitió una orden ejecutiva que exige una ofensiva nacional contra los campamentos urbanos, incluyendo el desalojo masivo de personas que viven al aire libre y tratamientos forzados para la salud mental o adicciones.
Trump también lidera una reforma de la política federal de vivienda, con planes de recortar fondos para vivienda permanente y servicios para personas sin hogar.
Esta medida limitaría el uso de una política federal conocida como “Primero la Vivienda” (Housing First), que ofrece vivienda sin exigir tratamiento para salud mental o adicciones.
La Alianza Nacional para Terminar con la Falta de Vivienda (National Alliance to End Homelessness) advierte que este cambio podría dejar sin hogar a por lo menos 170.000 personas actualmente en viviendas de apoyo permanente. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) suspendió el plan el 8 de diciembre para hacer revisiones, que según autoridades federales “piensan” implementar.
Funcionarios del distrito dicen que están cumpliendo con la exigente campaña federal contra las personas sin hogar en espacios públicos. Bajo presión de la Casa Blanca, reconocen haber intensificado la disolución de campamentos. Defensores de personas sin hogar señalan que algunos operativos se han realizado de noche o sin previo aviso.
Líderes locales creen que se podrían hacer de manera más compasiva, ofreciendo servicios y refugio.
“Hemos pasado de permitir campamentos si no afectaban la salud o la seguridad pública, a decir: ‘No los queremos en la calle’”, dijo Wayne Turnage, vicealcalde para Salud y Servicios Humanos del distrito, quien supervisa el desmantelamiento de campamentos. “Es inseguro, insalubre y peligroso”. Sin embargo, reconoce que los operativos pueden desperdiciar recursos públicos, ya que los trabajadores sociales y equipos médicos deben volver a buscar a sus pacientes y clientes.
Defensores afirman que la administración Trump está generando miedo y desconfianza entre personas sin hogar y quienes tratan de ayudarlas, a la vez que malgasta fondos públicos que podrían utilizarse para brindar atención o ubicar a estas personas en viviendas. Eso sí, ahora hay muchas menos tiendas de campaña y campamentos visibles para turistas y residentes.
“Las personas encontraban seguridad en esas comunidades, y los proveedores de servicios podían localizarlas. Ahora hay gente armada y luces que destellan sacando a la fuerza a personas sin hogar sin previo aviso y tirando sus cosas”, dijo Jesse Rabinowitz, director de campaña y comunicaciones del Centro Nacional de Leyes sobre Personas sin Hogar (National Homelessness Law Center).
Funcionarios del distrito dicen que algunas personas han aceptado ir a refugios de emergencia. Pero incluso mientras la ciudad trata de ampliar la capacidad de albergues y conectar a la gente con servicios, reconoce que no hay suficientes camas ni viviendas permanentes para todos.
Y habrá menos lugares disponibles para quienes viven en la calle.
El presupuesto del distrito para el año fiscal 2026 concentró los fondos para personas sin hogar en las familias, con 336 nuevos vales para viviendas de apoyo permanente.
Sin embargo, se recortó el financiamiento para albergues temporales tanto para familias como para personas solas, y no se asignaron nuevos vales de vivienda permanente para individuos.
Eso significa menos espacios disponibles para adultos solos, que representan la mayoría de quienes deambulan por las calles. No obstante, las autoridades locales señalaron que han incluido 260 nuevas unidades de vivienda permanente para personas sin hogar, ya sean familias o individuos, en sus planes de construcción.
Empeorando la atención médica
La situación ha saturado los comedores comunitarios, como Miriam’s Kitchen en Foggy Bottom. Esta institución local ofrece comidas calientes, asistencia para vivienda y cobijas a personas en situación de necesidad.
Trabajadores sociales dicen que cada vez es más difícil ayudar a los clientes a obtener identificaciones y otros documentos necesarios para servicios sociales y de vivienda.
“Estoy buscando por todos lados, pero no puedo encontrarlos”, dijo Cyria Knight, trabajadora social de Miriam’s Kitchen. “La mayoría de mis clientes se fue a Virginia”.
No está claro cuántas personas se han trasladado a comunidades vecinas en Virginia o Maryland. En enero, antes de la ofensiva de Trump, se estimaba que había unas 9.700 personas sin hogar en la región. Cuatro de los seis condados que rodean Washington vieron un aumento en la falta de vivienda desde 2024, mientras que en el distrito se redujo en un 9%.
“No veo a mis pacientes por un mes o más, y cuando los encuentro, sus enfermedades crónicas están fuera de control. Han entrado y salido de la sala de emergencia, y tienen más probabilidades de ser hospitalizados”, dijo Anna Graham, enfermera especializada en medicina callejera de Unity Health Care, una red de clínicas en Washington. “Esto nos hace retroceder”.
El equipo de Graham estaciona su unidad médica móvil afuera de Miriam’s Kitchen durante la hora de la cena para tener más probabilidades de encontrar pacientes.
Willie Taylor, de 63 años, buscaba dónde dormir esa noche tras recibir la cena. Vio a Graham para recibir medicamentos para una enfermedad pulmonar avanzada, convulsiones, dolor crónico y otros padecimientos.
Le cuesta caminar y necesita una silla de ruedas, lo cual es complicado porque no tiene una dirección fija. Sus proveedores médicos dicen que le han robado sillas de ruedas antes mientras dormía en la calle.
Taylor usa un carrito de compras para mantenerse en pie durante el día, caminando sin rumbo hasta que cae la noche.
En una fría noche de noviembre, Graham lo ayudó a organizar sus medicamentos y revisó sus signos vitales. El equipo le dio un abrigo y calentadores de manos antes de que volviera a irse.
Después de caminar unos 45 minutos, encontró un rincón de pavimento en un parque donde pudo armar su cama con lonas y sacos de dormir.
“Mi cuerpo ya no aguanta esto”, dijo Taylor mientras se preparaba para dormir. “Hay hielo en el concreto. Me duele muchísimo más cuando hace frío”.
Las personas sin hogar mueren más jóvenes y les cuesta más al sistema de salud que quienes tienen vivienda, en gran parte porque no reciben tratamiento en la calle y, cuando buscan atención, suelen ir a la sala de emergencia.
Se estima que, entre las personas inscritas en Medicaid, quienes no tienen hogar generan un gasto anual de $18.764, frente a $7.561 de otros beneficiarios.
Más temprano ese día, en el comedor comunitario So Others Might Eat, Tyree Kelley terminaba su desayuno: un sándwich de salchicha y huevos duros. Estaba considerando ir a un refugio. Dijo que las calles se estaban volviendo demasiado peligrosas, en referencia a la presencia policial y de la Guardia Nacional. Extrañaba la comunidad de su antiguo campamento, que lo ayudaba a mantenerse seguro.
Este año ha ido al hospital al menos siete veces por una fractura en el tobillo tras caer de un scooter eléctrico. El accidente le hizo perder su trabajo y su seguro médico como recolector de basura, contó. Dijo que su situación lo ha hundido en una depresión que comenzó hace tres años, cuando murió su madre.
Después, este año murieron su padre y su hermana. Para adormecer el dolor, comenzó a beber.
“Uno se deprime mucho estando aquí”, dijo Kelley, de 42 años. “Se vuelve adictivo. Empiezas a no preocuparte ni por cambiarte de ropa”.
Esa depresión lo llevó a buscar marihuana. Luego fumó un cigarro mezclado con fentanilo. La sobredosis lo mantuvo en el hospital durante varios días.
“En realidad morí y volví”, dijo, agradeciendo a otras personas sin hogar que le administraron naloxona y le salvaron la vida. “Necesito salir de esto, pero me siento atrapado”.
A unas cuadras al oeste de la Casa Blanca hay un terreno baldío en donde hasta hace poco había más de una docena de tiendas de campaña. Quienes trabajan en la zona perciben lo que ya no se ve.
“Estuve aquí cuando limpiaron todo. Llegó una topadora y tiraron todo a un camión de basura”, dijo Ray Szemborski, quien trabaja frente a ese lote. “Las personas siguen sin hogar. Las sigo viendo debajo del puente. A veces están en las paradas de bus, otras solo caminando. Las tiendas ya no están, pero ellos siguen aquí”.
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