Alejandro Santillan-Garcia teme perder la ayuda que le permite comprar comida.
El residente de Austin, de 20 años, calificó el año pasado para recibir beneficios federales de alimentos porque salió del sistema de cuidado temporal (foster care, en inglés) de Texas, al que ingresó cuando era bebé.
El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria —conocido como SNAP, por sus siglas en inglés, o cupones de alimentos— ayuda a alimentar a 42 millones de personas con bajos ingresos en el país. Ahora, debido a cambios incluidos en la ley que los republicanos llaman One Big Beautiful Bill Act, Santillan-Garcia pronto podría tener que demostrar a las autoridades que está trabajando para conservar este beneficio.
Contó que perdió su último empleo por faltar al trabajo para ir al doctor para tratarse infecciones estomacales recurrentes. No tiene auto y ha solicitado empleo en supermercados, Walmart, Dollar General, “en cualquier lugar que se te ocurra” al que pueda llegar caminando o en bicicleta.
“Ningún trabajo me ha contratado”.
Según la nueva ley federal de presupuesto, más personas deben demostrar que están trabajando, haciendo voluntariado o estudiando para ser elegibles para SNAP.
Quienes no entreguen la documentación a tiempo corren el riesgo de perder la ayuda alimentaria por hasta tres años.
Al principio, se instruyó a los estados que comenzaran a contar “faltas” de los participantes a partir del 1 de noviembre, el mismo día en que millones de personas vieron suspenderse sus beneficios de SNAP por la negativa de la administración de Donald Trump a financiar el programa durante el cierre del gobierno.
Sin embargo, autoridades federales dieron marcha atrás a mitad de ese mes y dieron a los estados hasta diciembre para aplicar las nuevas reglas.
La ley también limita aún más cuándo los estados y condados con alto desempleo pueden eximir a los beneficiarios de estos requisitos. Pero una batalla legal sobre esa disposición ha generado que los plazos para cumplir con las nuevas normas varíen según el lugar donde vive la persona, incluso dentro del mismo estado en algunos casos.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) no respondió a una lista detallada de preguntas sobre cómo se implementarán las nuevas reglas de SNAP, y la Casa Blanca tampoco respondió a un pedido de comentarios sobre si estas reglas podrían dejar fuera del programa a personas que dependen de él.
La ley sí extendió exenciones para muchos integrantes de pueblos nativos americanos.
Aun así, los estados deben cumplir con las nuevas reglas o enfrentar sanciones que podrían obligarlos a cubrir una parte mayor del costo del programa, que el año pasado fue de aproximadamente $100.000 millones.
El presidente Trump firmó esta enorme ley presupuestaria, junto con los nuevos requisitos de SNAP, el 4 de julio. Según Chloe Green, subdirectora de la Asociación Estadounidense de Servicios Humanos Públicos (American Public Human Services Association), que asesora a los estados en programas federales, los estados inicialmente estimaron que necesitarían al menos 12 meses para aplicar cambios de tal magnitud.
Según la ley, las personas “capaces de trabajar” que están sujetas a requisitos laborales pueden perder el acceso a los beneficios por tres años si pasan tres meses sin presentar documentación que demuestra sus horas trabajadas.
Dependiendo de cuándo los estados apliquen las reglas, muchas personas podrían comenzar a ser excluidas del programa a principios del próximo año, dijo Lauren Bauer, investigadora en estudios económicos del centro de análisis Brookings Institution. Se espera que los cambios dejen al menos a 2,4 millones de personas fuera de SNAP durante la próxima década, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
“Es muy difícil trabajar si tienes hambre”, sentenció Bauer.
Muchos adultos beneficiarios de SNAP menores de 55 años ya tenían que cumplir con requisitos de trabajo antes de que se promulgara la ley presupuestaria.
Ahora, por primera vez, los que tengan entre 55 y 64 años, y los padres cuyos hijos tengan 14 años o más deben documentar al menos 80 horas mensuales de trabajo o de otras actividades válidas.
La nueva ley también elimina exenciones que desde 2023 se aplicaban a veteranos, personas sin vivienda y jóvenes que salieron del sistema de cuidado temporal, como Santillan-Garcia.
Políticos republicanos han dicho que estas nuevas reglas forman parte de un esfuerzo más amplio para eliminar el despilfarro, el fraude y el abuso en los programas de asistencia pública.
La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, dijo en noviembre que, además de aplicar la ley, requerirá que millones de personas vuelvan a solicitar los beneficios para reducir el fraude, aunque no dio más detalles. En una entrevista con Newsmax, Rollins afirmó que quiere asegurarse de que los beneficios de SNAP lleguen solo a quienes son “vulnerables” y “no pueden sobrevivir sin ellos”.
Green explicó que los estados están obligados a notificar a las personas que estarán sujetas a cambios en sus beneficios antes de que se los corten. Algunos estados han anunciado los cambios en sus sitios web o por correo, pero muchos no están dando suficiente tiempo para que los beneficiarios se pongan al día.
Defensores contra el hambre temen que los cambios, y la confusión que generan, aumenten el número de personas que enfrentan inseguridad alimentaria. Este año, los bancos de alimentos han reportado cifras récord de personas en busca de ayuda.
Incluso cuando cumplen con los requisitos laborales, muchas personas enfrentan dificultades para subir documentos y hacer que los estados procesen sus beneficios a través de sistemas saturados.
En una encuesta del Urban Institute, alrededor de 1 de cada 8 adultos dijo haber perdido los beneficios alimentarios por problemas al entregar la documentación. Algunos fueron dados de baja por errores del estado o por falta de personal.
Pat Scott, trabajadora comunitaria del Centro de Asistencia de Recursos Beaverhead, en la zona rural de Dillon, en Montana, es la única persona en al menos una hora de distancia conduciendo que ayuda a la población a acceder a asistencia pública, incluidos adultos mayores sin transporte confiable. Pero el centro solo abre una vez por semana, y Scott afirma que ha visto a personas perder la cobertura por problemas con el portal estatal en internet.
Jon Ebelt, vocero del Departamento de Salud de Montana, dijo que el estado trabaja continuamente para mejorar sus programas. Agregó que, si bien algunas reglas han cambiado, ya existe un sistema para reportar el cumplimiento de los requisitos laborales.
En Missoula, Montana, Jill Bonny, directora del albergue Poverello Center, explicó que sus clientes sin techo ya enfrentan grandes desafíos para solicitar ayuda: con frecuencia pierden sus documentos en medio del reto diario de cargar con todas sus pertenencias.
Bonny dijo que también le preocupa que los cambios federales puedan llevar a más personas mayores a quedarse sin hogar si pierden los beneficios de SNAP y tienen que elegir entre pagar la renta o comprar comida.
En Estados Unidos, las personas de 50 años o más son el grupo con mayor crecimiento dentro de la población sin vivienda, según datos federales.
Sharon Cornu, directora ejecutiva del St. Mary’s Center, una organización que apoya a adultos mayores sin hogar en Oakland, California, afirmó que las nuevas reglas están generando desconfianza. “Esto no es normal. No estamos jugando con las reglas de siempre”, dijo Cornu sobre los cambios federales. “Es una medida punitiva y malintencionada”.
A principios de noviembre, un juez federal en Rhode Island ordenó al gobierno de Trump entregar los pagos completos de SNAP durante el cierre del gobierno, que terminó el 12 de noviembre.
Ese mismo juez intentó frenar algunos de los nuevos requisitos laborales. Ordenó al gobierno respetar los acuerdos existentes que eximen del requisito de trabajo a ciertas personas en algunos estados y condados hasta que finalicen dichos acuerdos. En total, 28 estados y el Distrito de Columbia tenían estas exenciones, con fechas de finalización distintas.
Para complicar aún más la situación, algunos estados, como Nuevo México, tienen exenciones que hacen que personas en diferentes condados deban cumplir las reglas en distintos momentos.
Green explicó que si los estados no documentan adecuadamente el estatus laboral de los beneficiarios de SNAP, se les forzará a pagar después. Según la nueva ley, por primera vez los estados deben cubrir una parte del costo de los alimentos, y el monto dependerá de qué tan bien calculen los beneficios.
Durante el cierredel gobierno, cuando nadie recibió beneficios de SNAP, Santillan-Garcia y su novia dependieron de tarjetas de regalo de supermercados que les dio una organización sin fines de lucro para alimentar al bebé de su novia. Para comer ellos, recurrieron a un banco de alimentos, aunque muchos productos, como los lácteos, le hacen daño a Santillan-Garcia.
Le preocupa que en febrero vuelva a estar en la misma situación cuando tenga que renovar sus beneficios —ya sin la exención para jóvenes que salieron del sistema de cuidado temporal—. Las autoridades de Texas aún no le informan qué deberá hacer para seguir recibiendo SNAP.
Santillan-Garcia dijo que reza para que, si no logra encontrar trabajo, pueda encontrar otra forma de seguir cumpliendo los requisitos y mantener sus beneficios.
“Probablemente me los van a quitar”, dijo.
Lo que debes saber
Los cambios en SNAP eliminaron las exenciones a los requisitos laborales para:
Personas de entre 55 y 64 años
Cuidadores de menores de 14 años en adelante
Veteranos
Personas sin vivienda
Jóvenes de hasta 24 años que salieron del sistema de cuidado temporal
Qué deben hacer los beneficiarios de SNAP
Consultar con organizaciones de asistencia pública para saber cuándo entran en vigencia las nuevas reglas en su región. Es posible que las revisen al momento de recertificar, pero podrían pedirle cumplir con los requisitos laborales mensuales mucho antes.
Informar a su estado si está a cargo de un menor de 14 años que vive en su hogar; está embarazada; estudia al menos medio tiempo; asiste a un programa de tratamiento de alcohol o drogas; tiene una condición física o mental que le impide trabajar; es una persona indígena; o cuida a un miembro del hogar incapacitado. Si cumple con alguno de estos criterios, podría seguir estando exento.
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