El gobierno de Trump presentó un amplio paquete de propuestas regulatorias que cambiarían de manera sustancial la oferta de planes de salud en los mercados establecidos por la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) el próximo año.
Según el gobierno, el objetivo es ofrecer más opciones y primas más bajas.
Sin embargo, la iniciativa también contempla un fuerte aumento de algunos gastos de bolsillo anuales —que podrían superar los $27.000 en un tipo de cobertura— y podrían hacer que casi 2 millones de personas pierdan su seguro médico.
Los cambios se producen en un momento en que el costo de la atención de salud es una preocupación clave para muchos estadounidenses: algunos están teniendo dificultades para pagar sus primas de ACA desde que los subsidios mejorados vencieran a finales del año pasado. Las cifras iniciales de inscripción para este año muestran una caída de más de un millón de personas.
La cobertura médica y su accesibilidad se han convertido en temas políticamente sensibles de cara a las elecciones de medio término de noviembre.
Los cambios propuestos por la administración Trump forman parte de una extensa norma que modifica distintos aspectos del sistema, incluidos los paquetes de beneficios, los gastos de bolsillo y las redes de proveedores de salud. Las aseguradoras usan estas reglas como base para fijar las primas para el año siguiente.
Después de un período de comentarios públicos —en el que personas, organizaciones y distintos sectores pueden opinar sobre el proyecto— la norma se oficializará esta primavera.
La propuesta “pone a los pacientes, contribuyentes y estados en primer lugar al reducir costos y reforzar la rendición de cuentas sobre el dinero de los contribuyentes”, dijo Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), en un comunicado de prensa del 9 de febrero.
Una de las formas en que lo haría es impulsando un tipo de cobertura —los planes catastróficos— que, según el propio documento, el año pasado atrajeron apenas a unos 20.000 asegurados, aunque otras estimaciones elevan esa cifra a cerca de 54.000.
“Para mí, esta propuesta indica que la administración ha encontrado su próximo gran objetivo en los planes catastróficos”, dijo Katie Keith, directora de la Iniciativa de Política de Salud y Derecho en el O’Neill Institute for National and Global Health Law del Georgetown University Law Center.
Estos planes tienen costos anuales de bolsillo muy altos para el asegurado, pero suelen ofrecer primas más bajas que otras opciones de ACA. Antes estaban limitados a personas menores de 30 años o a quienes enfrentaban ciertas dificultades económicas, pero el gobierno de Trump permitió que se inscribieran personas de más edad que perdieron la elegibilidad para subsidios para la cobertura de 2026. Aún no se sabe cuántas personas eligieron esta opción.
La norma consolida este cambio porque hace elegibles a quienes tengan ingresos por debajo del nivel de pobreza ($15.650 este año) y a quienes ganen más de dos veces y media esa suma siempre que hayan perdido el acceso a un subsidio de ACA que reducía sus gastos de bolsillo. El texto también señala que una persona que cumpla con estos criterios sería elegible en cualquier estado, un punto importante porque esta cobertura actualmente está disponible solo en 36 estados y en el Distrito de Columbia.
Además, la propuesta exigiría que el límite máximo de gastos de bolsillo en estos planes alcanzara $15.600 al año para una persona y $27.600 para una familia, escribió Keith esta semana en Health Affairs.
Actualmente, el tope de gastos de bolsillo para planes catastróficos es de $10.600 para una persona y $21.200 para cobertura familiar. Salvo la atención preventiva y tres consultas cubiertas con un médico de atención primaria, ese monto debe alcanzarse antes de que el resto de la cobertura entre en vigencia.
En el texto presentado, la administración afirma que los cambios propuestos ayudarían a diferenciar los planes catastróficos de los planes “Bronce”, el siguiente nivel, y posiblemente impulsarían una mayor inscripción en los primeros. Según el mismo documento, hoy esa diferencia no siempre es significativa cuando las primas son similares. Elevar el tope de gasto de bolsillo de los planes catastróficos a esos niveles, argumentan, serviría para establecer esa distinción.
“Cuando existe una diferencia tan clara, los consumidores más sanos —que suelen ser los candidatos ideales para inscribirse en planes catastróficos— se sienten más motivados a elegir uno de estos planes, en lugar de un plan Bronce”, señalan.
Sin embargo, como los subsidios de ACA no pueden usarse para pagar las primas de los planes catastróficos, es posible que esto desaliente a los posibles beneficiarios.
La inscripción en los planes Bronce, que actualmente tienen un deducible anual promedio de $7.500, se ha duplicado desde 2018 hasta alcanzar unos 5,4 millones de consumidores el año pasado. Este año es probable que la cifra sea mayor.
Los datos de inscripción en algunos estados muestran un desplazamiento hacia los planes Bronce, ya que los consumidores fueron dejando los planes “Plata”, “Oro” o “Platino”, que tienen primas más altas, tras el vencimiento de subsidios mejorados a finales de 2025.
La iniciativa del gobierno también permitiría que las aseguradoras ofrezcan planes Bronce con niveles de copagos y deducibles que superen lo que hoy permite ACA, pero solo si esa misma aseguradora también vende otros planes Bronce con niveles más bajos de costos compartidos.
En lo que describen como un enfoque “novedoso”, las nuevas regulaciones permitirían que las aseguradoras ofrezcan planes catastróficos multianuales, en los que las personas podrían permanecer inscritas hasta por 10 años. Durante ese período, los límites de gastos variarían. Por ejemplo, los costos podrían ser más altos en los primeros años y luego bajar a medida que el plan se mantenga vigente. La presentación solicita comentarios específicos sobre cómo podría estructurarse un plan de este tipo y qué efecto tendrían los planes multianuales en el mercado en general.
“Por lo que entendemos hasta ahora, las aseguradoras podrían ofrecer la póliza por un año o por períodos consecutivos de hasta 10 años”, explicó Zach Sherman, director gerente de política de cobertura y diseño de programas en HMA, también conocida como Health Management Associates, una firma de consultoría en políticas de salud que trabaja para estados y aseguradoras. “Pero aún estamos analizando los detalles de cómo funcionaría”, añadió.
Matthew Fiedler, investigador principal del Centro de Políticas de Salud de Brookings Institution, advirtió que el paquete regulatorio que propone el gobierno incluye muchas disposiciones que podrían “exponer a los inscritos a gastos de bolsillo mucho más altos”.
Además de los cambios previstos para los planes Bronce y catastróficos, Fiedler señaló otra disposición que permitiría vender en el mercado de ACA planes que no tengan redes fijas de proveedores de salud. Es decir, la aseguradora no habría firmado contratos con médicos ni hospitales específicos para aceptar su cobertura.
En su lugar, estos planes pagarían a los proveedores un monto fijo por sus servicios médicos. Podría ser una tarifa única o un porcentaje de lo que paga Medicare. La iniciativa establece que las aseguradoras tendrían que garantizar “acceso a una variedad de proveedores” dispuestos a aceptar esas sumas como pago total. Sin embargo, los asegurados podrían quedar expuestos a gastos inesperados si un médico o centro de salud no acepta esas condiciones y le cobra al paciente la diferencia.
Debido al amplio alcance de la norma —que incluye muchas otras disposiciones— se espera que reciba cientos, si no miles, de comentarios públicos hasta principios de marzo.
El corredor de seguros de Pennsylvania Joshua Brooker dijo que le gustaría que se exija a las aseguradoras que venden planes catastróficos con gastos de bolsillo muy altos que también ofrezcan otros planes catastróficos con límites anuales más bajos.
En términos generales, agregó, una mayor variedad de opciones podría resultar atractiva para personas en ambos extremos de la escala de ingresos.
Según explicó, algunos consumidores con mayores ingresos —especialmente quienes ya no califican para subsidios para las primas de ACA— preferirían pagar una prima más baja, como la que se espera en los planes catastróficos, y asumir de su propio bolsillo los gastos médicos hasta alcanzar ese tope máximo.
“Están más preocupados por un infarto que cueste medio millón de dólares”, reflexionó Brooker.
La situación es más difícil para quienes están por debajo de la línea de pobreza, no califican para subsidios de la ACA y, en 10 estados, muchas veces tampoco cumplen los requisitos para Medicaid, opinó. “En esos casos, es probable que se queden sin seguro médico”. Al menos un plan catastrófico, dijo, podría permitirles acceder a la atención preventiva y limitar un desastre financiero si terminan en un hospital. “A partir de ahí, incluso podrían calificar para programas de atención caritativa del hospital que ayuden a cubrir los gastos de bolsillo”, dijo.
En general, afirmó: “ofrecer más opciones en el mercado no perjudica, siempre que la propuesta se divulgue de manera adecuada y el consumidor la entienda”.
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