El “One Big Beautiful Bill” del presidente Donald Trump recorta el gasto federal en los mercados de Medicaid y la Ley de Cuidado de Salud a Bajo precio (ACA) en aproximadamente $1.000 millones a lo largo de una década, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), una entidad no partidista. Esto amenaza la salud física y financiera de decenas de millones de estadounidenses.
El proyecto de ley, aprobado por el Senado el martes 1 de julio, revertiría muchos de los avances en cobertura médica de las administraciones Biden y Obama, cuyas políticas facilitaron el acceso a la atención médica a millones de personas y redujeron la tasa de personas sin seguro en el país a mínimos históricos.
El plan del Senado para recortar drásticamente la financiación de Medicaid y los mercados de ACA podría hacer que unas 12 millones de personas más no tuvieran seguro para 2034, según estima la CBO.
Esto, a su vez, perjudicaría las finanzas de hospitales, residencias de adultos mayores y centros de salud comunitarios —que tendrían que absorber una mayor parte del costo del tratamiento de las personas sin cobertura— y podría obligarlos a reducir servicios y personal, hasta a cerrar instalaciones.
La legislación está en el escritorio de Trump a la espera de su firma, aunque primero el Senado y la Cámara de Representantes deben aprobar la misma versión. La Cámara de Representantes aprobó su propia versión en mayo y se espera que considere la versión del Senado hoy (2 de julio), según Tom Emmer, líder de la mayoría en la Cámara.
A continuación, se presentan cinco maneras en que los planes del Partido Republicano podrían afectar el acceso a la atención médica.
¿Necesita Medicaid? Entonces consigue un trabajo
Los recortes más profundos al gasto en atención médica provienen de la propuesta de un requisito de trabajo para Medicaid, que cortaría la cobertura a millones de afiliados que no cumplen con estos nuevos estándares.
En 40 estados y Washington, D.C., que han ampliado Medicaid bajo ACA, algunos beneficiarios de Medicaid tendrían que presentar regularmente documentación que demuestre que trabajan, hacen voluntariado o asisten a la escuela al menos 80 horas al mes, o que califican para una exención, como por ejemplos el cuidado de un niño pequeño.
El requisito del proyecto de ley no se aplicaría a las personas en los 10 estados, mayoritariamente republicanos, que no han ampliado Medicaid.
Investigadores de salud afirman que la política tendría poco impacto en el empleo. Según KFF, la mayoría de los beneficiarios de Medicaid en edad laboral que no reciben prestaciones por discapacidad ya trabajan o buscan trabajo, o no pueden hacerlo porque tienen una discapacidad, asisten a la escuela o cuidan a un familiar.
Los experimentos estatales con requisitos de trabajo se han visto plagados de problemas administrativos, como la pérdida de cobertura de los beneficiarios elegibles por problemas con el papeleo, y más gasto.
El requisito de trabajo de Georgia, que se implementó oficialmente en julio de 2023, ha costado más de $90 millones, de los cuales solo 26 millones se han destinado a prestaciones de salud, según el Georgia Budget & Policy Institute, una organización de investigación no partidista.
“Los costos ocultos son astronómicos”, afirmó Chima Ndumele, profesor de la Escuela de Salud Pública de Yale.
Menos dinero significa menos atención en las comunidades rurales
Las medidas de ajuste que se aplicarían a los estados podrían traducirse en una disminución de los servicios de salud, profesionales médicos e incluso hospitales, especialmente en las comunidades rurales.
El plan del Partido Republicano reduciría una práctica conocida como impuestos a los proveedores, que casi todos los estados han utilizado durante décadas para aumentar los pagos de Medicaid a hospitales, residencias de adultos mayores y otros proveedores, así como a empresas privadas de atención médica administrada.
Los estados suelen utilizar el dinero federal generado a través de los impuestos para pagar a las instituciones más de lo que Medicaid pagaría de otra manera. (Medicaid generalmente paga las tarifas más bajas por la atención médica, en comparación con Medicare, el programa para personas mayores de 65 años y algunas personas con discapacidad, y los seguros privados).
Los hospitales y residencias de adultos mayores afirman que utilizan estos fondos adicionales de Medicaid para ampliar o añadir nuevos servicios y mejorar la atención para todos los pacientes.
Los hospitales rurales suelen operar con márgenes de ganancia reducidos y dependen de los pagos de impuestos de Medicaid para sostenerlos. Investigadores del Cecil G. Sheps Center for Health Services Research que examinaron el proyecto de ley de la Cámara concluyeron que este obligaría a más de 300 hospitales rurales, muchos de ellos en Kentucky, Louisiana, California y Oklahoma, a reducir sus servicios o cerrar.
Los senadores republicanos agregaron un fondo de $50 mil millones a su versión del proyecto de ley para amortiguar el impacto en los hospitales rurales.
Más dificultad para obtener, y mantener, la cobertura de ACA
Para quienes tienen cobertura del mercado de seguros de salud de ACA, el plan republicano dificultaría la inscripción y el conservar los planes.
Los asegurados del mercado de seguros estarían obligados a actualizar sus ingresos, estatus migratorio y otra información cada año, en lugar de reinscribirse automáticamente, algo que más de 10 millones de personas hicieron este año.
También tendrían menos tiempo para inscribirse; el proyecto de ley acorta el período anual de inscripción abierta en aproximadamente un mes.
Las personas que soliciten cobertura fuera de ese período —por ejemplo, porque pierden su trabajo u otro seguro, o necesitan agregar a un recién nacido o cónyuge a una póliza existente— tendrían que esperar a que se procesen todos sus documentos antes de recibir subsidios del gobierno para ayudar a pagar sus primas mensuales. Actualmente, reciben hasta 90 días de ayuda con las primas durante el proceso de solicitud, que puede tardar semanas.
Los legisladores republicanos y algunos centros de estudios de políticas conservadoras, incluido el Paragon Health Institute, afirman que los cambios son necesarios para reducir las inscripciones fraudulentas, mientras que los opositores afirman que son el último intento de desmantelar el Obamacare.
La legislación tampoco contempla una extensión de los subsidios mejorados implementados durante la pandemia de covid-19. Si el Congreso no actúa, estos subsidios expirarán a finales de año, lo que resultará en un aumento promedio del 75% en las primas el próximo año, según KFF.
¿Tienes Medicaid? Se pagará más por las consultas médicas
Muchos beneficiarios de Medicaid podrían tener que pagar más de su bolsillo por las citas.
El proyecto de ley exigiría a los estados que han ampliado Medicaid cobrar a los beneficiarios hasta $35 por algunos servicios si sus ingresos se encuentran entre el nivel federal de pobreza (este año, $15.650 por persona) y el 138% de esa cantidad ($21.597).
Los beneficiarios de Medicaid generalmente no pagan nada cuando buscan servicios médicos, ya que estudios han demostrado que cobrar incluso copagos pequeños lleva a las personas de bajos ingresos a renunciar a atención necesaria. En los últimos años, algunos estados han agregado cargos inferiores a $10 por algunos servicios.
Esta política no se aplicaría a las personas que buscan atención primaria, atención de salud mental o tratamiento de adicciones.
Recortes para inmigrantes con residencia legal
El plan republicano podría provocar que al menos cientos de miles de inmigrantes con residencia legal —incluyendo solicitantes de asilo, víctimas de tráfico humano y refugiados— pierdan su cobertura del mercado de seguros al eliminar los subsidios que hacen que las primas sean asequibles. La restricción no se aplicaría a los titulares de tarjetas de residencia permanente (Green Card o tarjeta verde).
Dado que los inmigrantes que perderían subsidios bajo este plan tienden a ser más jóvenes que la población general, su salida dejaría una población de afiliados de mayor edad, con mayor riesgo de enfermedad y costos más elevados, lo que incrementaría aún más las primas del mercado, según directores de los mercados de seguros de salud en California, Maryland y Massachusetts, y analistas de salud.
Quitar el acceso a la atención médica a los inmigrantes que viven legalmente en el país “causará un daño irreparable a las personas que hemos prometido proteger e impondrá costos innecesarios a los sistemas locales que ya están sobrecargados”, declaró John Slocum, director ejecutivo del Refugee Council USA, un grupo de defensa, en un comunicado.
Tanto la versión de la Cámara de Representantes como la del Senado del proyecto de ley reflejan el enfoque restrictivo de la administración Trump hacia la inmigración.
Sin embargo, debido a que contravenía las normas del Senado, la legislación no incluirá una propuesta que habría reducido los pagos federales de Medicaid a estados como California, que utilizan sus propios fondos para cubrir a inmigrantes sin papeles.
La corresponsal principal de KFF Health News en Washington, Julie Rovner, contribuyó con este artículo.
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